la parota

Presa Hidroeléctrica La Parota

Documento elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

DEFENDER LA TIERRA ES DEFENDER LA VIDA

“La tierra no se vende. Se ama y se defiende”
(lema de los opositores)

El Gobierno Mexicano trata de imponer, desde el 2003, una inmensa presa hidroeléctrica al sur de Acapulco, en el estado de Guerrero. Desde hace 4 años, los campesinos, organizados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) resisten firmemente a través la vía legal y pacifica. Nuestro centro de derechos humanos acompaña esa lucha para la defensa de la tierra y de sus recursos naturales.

1. EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “LA PAROTA”

El gobierno mexicano está elaborando el proyecto de la Parota desde hace más de 30 años, sin informar y menos consultar a los afectados. Se realizaron una serie de estudios entre 1976 y 2002. En 2003, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevó su maquinaria pesada para empezar a construir la obra. Hoy en día, están realizando las primeras carreteras necesarias para realizar la obra, a pesar de no contar con el acuerdo de las comunidades afectadas, y a pesar de tener la interdicción por parte del Tribunal Unitario Agrario de entrar en ese territorio hasta que se terminen los juicios entre los campesinos opositores y el gobierno.

La presa afectaría a 21 comunidades, de las cuales 17 son ejidos y 3 son bienes comunales (sistemas de propiedad colectiva de la tierra heredados de la Revolución Mexicana, que garantizan que la tierra quedé en manos de los campesinos). La Parota sería una de las más grandes del mundo. Inundaría 17 mil 300 hectáreas de tierras fértiles y productivas. Más de 100 mil personas quedarían afectadas por la presa. De manera directa, 25 mil personas tendrían que ser desplazadas porque sus tierras quedarían bajo el agua (aunque la CFE reconoce solo 3 mil afectados directos). De manera indirecta, unas 75 mil personas estarían afectadas por el desvió del río: sin agua para irrigar sus tierras y para vivir, los campesinos ya no tendrían como subsistir (la CFE no prevé ninguna compensación para los afectados indirectos).

El presupuesto de la Parota se eleva a mil millones de dólares. Por lo tanto, el gobierno mexicano y el gobierno del Estado de Guerrero quieren imponerlo a toda costa, sin preocuparse de los campesinos afectados.

Ese proyecto hidroeléctrico se inscribe en un concepto de desarrollo implementado por el gobierno federal que privilegia la inversión privada de gran escala sobre las comunidades y pueblos que se asientan en territorios ricos por sus recursos naturales. Esta lógica del desarrollo ha generado que las tierras se conviertan en un espacio de disputa entre campesinos-gobiernos-trasnacionales, ubicándose como siempre a los más pobres en desventaja no sólo por la ausencia de recursos económicos, sino porque el marco jurídico no ofrece una protección exhaustiva a sus territorios. Aunado a esto, el aparato de gobierno generalmente recurre a prácticas desleales de desinformación, que en el fondo se traducen en manipulación, uso de la fuerza pública e incluso criminalización de la disidencia.

2. IMPOSICIÓN DEL PROYECTO POR EL GOBIERNO MEXICANO

Los campesinos afectados por el proyecto, en ningún momento han podido contar con información clara y transparente sobre el proyecto. La mayoría no sabe qué pueblos van a quedar inundados, cómo van a quedar los demás pueblos por la desviación del río, adónde van a ir los desplazados, con cuánto se les va a indemnizar, entre otros aspectos que se desconocen. La Comisión Federal de Electricidad está dispuesta a todo para obtener el acuerdo de los campesinos, hasta a comprar su voto o realizar obras sociales incluso en pueblos que quedarán inundados si se hace la presa.

Los gobiernos federal y estatal han recurrido a una estrategia de imposición del proyecto hidroeléctrico “La Parota”, que se ha materializado en:

el ofrecimiento engañoso de obras, servicios y proyectos productivos que han dividido y enfrentado a las familias y comunidades rompiendo el tejido social; la falta de información y consulta a quienes serán afectados por las obras violando sus derechos fundamentales; la convocatoria y realización de asambleas comunales violando la Ley Agraria y el Estado de derecho; la utilización desproporcionada de los cuerpos de seguridad pública en la vigilancia de dichas asambleas; la criminalización de quienes se han opuesto al proyecto a través de la liberación de órdenes de aprehensión por supuestos delitos nunca comprobados; y, las amenazas de muerte que han recibido algunos de los opositores al proyecto.

Se impugnaron 4 de las asambleas en las que supuestamente los campesinos habían dado su acuerdo para la expropiación de las tierras. Ya se reconoció la ilegalidad de la Asamblea de Cacahuatepec. Las resoluciones de las 3 otras asambleas están pendientes, pero por las pruebas irrefutables que se aportaron, el Tribunal Unitario Agrario tendrá que resolver a favor del CECOP, o de lo contrario, se evidenciarán presiones políticas sobre un aparato de justicia que debe ser imparcial e independiente.

3. IMPACTOS SOCIALES: LA RUPTURA DEL TEJIDO SOCIAL

A pesar de reiterados llamados del CECOP, el gobierno se ha negado a dialogar con los opositores. Es más, ha emprendido una campaña de desprestigio y de criminalización hacia los opositores, calificándolos de minoría y de violentos (por el porte del machete que es la herramienta básica de todo campesino en México). Y no ha dudado en usar la fuerza pública en su contra.

La falta de voluntad de diálogo por parte del gobierno del estado de Guerrero y de la CFE, así como las estrategias empleadas que de ninguna manera buscan una solución pacífica a los problemas, siguen alimentando la confrontación y alentando la división en los pueblos. Esta división ha ocasionado en el último año tres muertos, tres heridos graves, cuatro detenidos y siete presos, sin contabilizar los múltiples heridos, resultado de los enfrentamientos que ocurrieron en las asambleas.

En las mismas familias hay divisiones fuertes ahora. Lejos de atender ese problema, el gobierno sigue alentando la confrontación entre opositores y simpatizantes. La violencia está latente, se temen consecuencias muy graves.

4. CUANDO LOS CAMPESINOS SE OPONEN POR LA VIA PACIFICA Y LEGAL…

Han sido los campesinos y campesinas opositores a la presa “La Parota” quienes han apostado y acudido a los mecanismos legales e institucionales para hacer vales sus derechos. En 4 años de movimiento, lograron dar a conocer a nivel nacional e internacional su lucha para la defensa de la tierra. Han logrado que se cancela la licitación (que ya se había abierto) de la CFE a empresas privadas para la construcción de la presa. Han logrado también impedir que el gobierno mexicano emita el decreto de expropiación.

En marzo del 2006, el CECOP presentó su caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), instancia internacional de justicia ambiental de carácter ético, integrada por expertos internacionalmente reconocidos que después de un estudio a profundidad de los casos presentados, emiten un veredicto y recomendaciones concretas a los gobiernos en torno a los mismos. El TLA resolvió que: “el proyecto hidroeléctrico La Parota debe suspenderse, ya que no se demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional ni a la protección del medio ambiente y los recursos naturales” (…) “El gobierno del estado de Guerrero debe garantizar las condiciones de seguridad para la población, respetar los derechos humanos y contribuir a la paz social de los habitantes de la región afectada.” A pesar de la alta legitimidad del TLA, el Gobierno Mexicano no ha tomado en cuenta ese dictamen.

Otro punto a favor del CECOP, en el marco de las demandas por nulidad de las 4 asambleas amañadas, se logró obtener en septiembre de 2006 unas resoluciones que impiden a la CFE y a cualquier autoridad estatal o federal, ingresar a los territorios de esas 4 comunidades a efectuar cualquier trabajo relacionado con el proyecto hidroeléctrico, mientras no se hayan terminado los juicios.

5. …El GOBIERNO RESPONDE CON LA FUERZA PÚBLICA Y DESACATOS A LA LEY

Las asambleas ejidales y comunales instauradas por los gobiernos federal y estatal, han sido un mecanismo de imposición del proyecto hidroeléctrico y no un verdadero mecanismo de consulta, porque fueron aplicadas violando la ley y porque no son los medios adecuados para tomar en cuenta la opinión de toda la población que será afectada. Los padrones de ejidatarios y comuneros no tienen una representatividad real de la población afectada, pues se excluye a la mayoría que son avecindados y posesionarios de las tierras. Así tenemos por ejemplo:

El núcleo agrario de Cacahuatepec compuesto por 47 anexos cuenta con más de 40 mil habitantes y su  padrón comunal sólo reconoce a 7286 personas que tienen la calidad agraria de comuneros.

El ejido de La Palma con sus tres anexos cuenta con una población de más de 8 mil habitantes, en tanto que su padrón sólo reconoce la calidad de ejidatarios a 240 ciudadanos.

El ejido de los Huajes tiene una población de más de 3 mil habitantes mientras que su padrón ejidal sólo reconoce a 170 ejidatarios.

El ejido de Dos Arroyos tiene una población de más de 5 mil habitantes en tanto que el padrón ejidal sólo le reconoce el carácter de ejidatarios a 572 personas.

A pesar de las resoluciones judiciales impidiendo la entrada a los territorios donde se están impugnando las asambleas, el gobierno estatal y la CFE han seguido introduciendo maquinaria, y están realizando las carreteras necesarias para la construcción de la presa. Entonces asistimos a una situación paradójica, donde el propio gobierno, quien tendría que dar el ejemplo, desacata la ley, cuando los campesinos se apegan a ella. Tememos que esta actitud provocativa puede animar a los opositores a seguir luchando por la vía de los hechos, ya que las leyes no están siendo cumplidas.

6. VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES

Las autoridades en los distintos niveles de gobierno han incurrido en la violación de múltiples derechos humanos en perjuicio de los campesinos que serán afectados. El derecho a la tierra, territorio y recursos naturales de los pueblos, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la información y la consulta para la toma de las decisiones públicas que afectan directamente a la ciudadanía, e incluso el derecho a la integridad y seguridad personal, así como la libertad, a la fecha ya han sido vulnerados por este actuar tendencioso de la CFE y el gobierno de Guerrero. Pero además, de efectuarse la hidroeléctrica, se podrían conculcar aún mayores derechos en el ámbito cultural, social y económico como son el derecho a la vivienda, alimentación, educación y sobre todo a la preservación de su identidad y prácticas culturales.

En tanto el gobierno federal siga aplicando este modelo de “desarrollo” se seguirán priorizando los intereses de aquellos que detentan el capital sobre aquellos que detentan la tierra y los recursos naturales. Este modelo acentuará más las diferencias y producirá un “desarrollo” inequitativo.

7.PRESTIGIOSAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PREOCUPADAS

El fallo del Tribunal Latinoamericano del Agua, da pie para analizar las directrices desarrolladas por la Comisión Mundial de Represas (organismo auspiciado paradójicamente por el Banco Mundial, institución financiera que históricamente ha promovido este tipo de mega proyectos de inversión). En el informe final de la CMR, publicado en noviembre del 2000, se establece que: “En los hechos la rentabilidad económica real de las grandes represas continúa siendo difícil de establecer ya que no se consideraron suficientemente los costes ambientales y sociales en términos económicos. Más concretamente, al no considerarse adecuadamente estos impactos, ni cumplirse los compromisos adquiridos, se ha producido el empobrecimiento y sufrimiento de millones de personas, dando lugar a que las comunidades afectadas de todo el mundo muestren una oposición creciente a las represas.”

La CMR reconoce que “los impactos generalizados de las grandes represas han inflamado conflictos relacionados con la ubicación y los impactos de las grandes represas, tanto las existentes como las propuestas, convirtiendo hoy en día a las grandes represas en uno de los asuntos más controvertidos en materia de desarrollo sustentable.” Y agrega “cuando otras opciones son una mejor alternativa, ellas deberían ser favorecidas, y no las grandes represas. Así pues, el debate sobre las represas cuestiona las perspectivas con la que las sociedades desarrollan y manejan sus recursos de agua, en el contexto más amplio de las alternativas al desarrollo.”

Sobre el beneficio de las represas, la CMR también estableció que “en demasiados casos, para obtener estos beneficios se ha pagado un precio inaceptable, y frecuentemente innecesario, especialmente en términos sociales y ambientales, por parte de las personas desplazadas, las comunidades río abajo, los contribuyentes fiscales y el medio ambiente. Comparativamente con otras alternativas, la falta de equidad en la distribución de los beneficios ha puesto en tela de juicio el valor de muchas represas a la hora de satisfacer las necesidades de agua y energía para el desarrollo.”

El estado mexicano ha incumplido las directrices internacionales emanadas de la Comisión Mundial de Represas, toda vez que no se pondera que los costos sociales y ambientales que generará la obra son altísimos, y en este sentido no se han estudiado otras posibilidades de generación de energía eléctrica que produzcan menos consecuencias dañinas para la población, el medio ambiente y los recursos naturales.

El Gobierno Mexicano tampoco respondió públicamente a los llamamientos de tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas. Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, denunció en su ultimo Informe Anual los “abusos y violaciones a los campesinos indígenas del Estado de Guerrero que se oponen al proyecto de construcción en su territorio de la represa La Parota, que el Estado insiste en llevar a cabo sin el libre consentimiento de la población.” Stavenhagen visitó los territorios afectados por el proyecto de la presa en agosto de 2006 y se pudo percatar de manera directa del impacto que tendría el proyecto sobre la población y el medio ambiente.  “Un tribunal ha instruido al Gobierno que desista de proseguir la construcción de obras de infraestructura en esta zona hasta que el conflicto se haya resuelto por vía de la negociación, pero las autoridades han hecho caso omiso y siguen construyendo caminos como parte del proyecto de la represa, a lo cual numerosos comuneros se oponen”, señala el informe. A la par, Stavenhagen, junto con los relatores por el Derecho a la Alimentación y a la Vivienda, mandaron varias misivas al Gobierno Mexicano expresando sus múltiples y fundadas preocupaciones acerca del proyecto y de su imposición a los campesinos.

En mayo 2006, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas manifestó también su preocupación por la falta de consulta de las comunidades indígenas así como por el deterioro ambiental que implica tal proyecto y sobre todo el desplazamiento de 25 mil personas, violando sus derechos comunales a la tierra así como sus derechos económicos, sociales y culturales.

A principios de marzo, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, visitó el territorio de La Parota para reunirse con la población afectada en las comunidades de Garrapatas y Tasajeras y se percató de la falta de información y de consulta transparente en ese proyecto.

Ante la preocupación que ha manifestado la ONU en torno al conflicto por la presa hidroeléctrica La Parota, el gobierno federal y estatal deben reconsiderar su actuación y atender el llamado a no continuar vulnerando los derechos humanos de los campesino en el afán de imponer el megaproyecto.  Que el máximo organismo de naciones en el mundo observe que en el proceso de construcción de la presa se han cometido “abusos y violaciones” contra los campesinos, demuestra que son las autoridades quienes se han alejado del estado derecho y, por el contrario, los pueblos y comunidades han recurrido a los mecanismos legales para exigir la vigencia de sus derechos e impedir que sean vulnerados por el afán de instaurar a toda costa el megaproyecto.

Por ello, hoy más que nunca resulta indispensable que tanto el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, como el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, tomen en consideración los planteamientos de Naciones Unidas sobre el caso, pues el mensaje que hasta ahora han proyectado es el de un gobierno que no respeta las leyes, orillando a los opositores a defender sus tierras por la vía de los hechos.

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